Buenos días a las y los distinguidos participantes. Quiero manifestar mi profundo agradecimiento a la Iglesia de Bologna y a la Comunidad de San Egidio, por la cordial invitación y su hospitalidad para participar en el presente Encuentro Internacional “Puentes de Paz”. Una actividad que congrega personalidades de diferentes países a nivel mundial, con quienes estoy absolutamente convencida, que compartimos el mismo propósito: ser agentes de cambio para fortalecer la unidad, la paz y la solidaridad en nuestros pueblos.
En esta oportunidad discutimos alrededor de un tema importante y a la vez complejo: La Globalización. Importante, puesto que, ha representado avances interesantes en el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, buscando la agilización y libertad de comercio internacional, a través de prácticas cada vez menos burocráticas; situaciones estas que han generado condiciones más favorables para la apertura y la expansión del mercado, trayendo como consecuencia, importantes avances económicos para los diferentes Estados.
No obstante, también resulta ser un fenómeno complejo, ya que, si bien es cierto, la Globalización ha significado mejores condiciones de vida para algunos; no puede desconocerse el hecho que ha profundizado la brecha entre quienes ostentan privilegiadamente los recursos económicos y aquellos que viven en la pobreza y ni siquiera cuentan con acceso a los servicios básicos para garantizar sus condiciones mínimas de desarrollo. Ha resultado ser pues, una globalización desproporcional, una globalización injusta.
El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha resaltado que: “Por más de una generación, los ingresos del 1% más rico del mundo, han crecido a un ritmo dos veces mayor que los del 50% más pobre”. Desde luego, esta aseveración nos obliga a reflexionar y replantear los modelos económicos, para que en realidad generen verdaderas oportunidades de desarrollo integral para la población en general, que la mayoría de nuestras Constituciones, reconozcan la obligación de los Estados de garantizar el bien común. En el caso de mi país, Guatemala, inclusive establece el texto constitucional que: “El régimen económico y social de la República de Guatemala se funda en principios de justicia social”, un postulado importante que, aún esta muy lejos de ser alcanzado.
La economía global, invisibiliza a las poblaciones más vulnerables como la niñez, las personas migrantes, los pueblos indígenas, las personas mayores, las personas con discapacidad y por supuesto las mujeres. Nuestras sociedades deben comprender, que una buena parte de la transformación de los modelos económicos, atraviesa por eliminar las diferentes formas de discriminación de la mujer, garantizando su acceso a la salud, educación, seguridad, empleo y por supuesto, su participación activa en puestos de decisión.
La desigualdad no solamente implica la falta de acceso a condiciones básicas de desarrollo, sino que, además, propicia las condiciones para generar mayores focos de conflictividad, violencia, discriminación y criminalidad, socavando la convivencia social armónica y en paz.
En el caso de Guatemala, precisamente la violencia estructural, el cierre de los espacios políticos, el racismo y la institucionalidad débil, excluyente y antidemocrática, provocaron el Conflicto Armado Interno que duró 36 años y que dejó como resultado más de 200,000 muertes y más de 45,000 personas desaparecidas, hasta que finalmente en diciembre de 1996 se suscribieron los Acuerdos de Paz.
Deseo hacer un paréntesis y aprovechar este momento para reconocer y agradecer, como ciudadana guatemalteca, el importante rol de la Comunidad de San Egidio, facilitando las condiciones de diálogo y la negociación de la paz en los años 1995 y 1996, la participación activa de personas como Roberto Bonini, amigo de la Comunidad y de Guatemala, sin lugar a dudas contribuyó directamente a lograrlo.
Otro importante aspecto que debemos siempre tener presente, al analizar la desigualdad y la violación a los Derechos Humanos que ésta provoca es, el cáncer de la corrupción, que pone al descubierto las más mezquinas y egoístas intenciones de aquellos que abusando de sus roles, cargos o funciones, buscan obtener beneficios principalmente económicos, en detrimento de los intereses, derechos y la dignidad del prójimo. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción establece que este flagelo plantea graves problemas para: “La estabilidad y seguridad de las sociedades, al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley”.
Durante mi gestión como Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público en conjunto con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-, emprendimos una férrea lucha contra la corrupción y la impunidad, develando diferentes organizaciones criminales enquistadas en el Estado, como la del caso “La Línea”, en la que se puso al descubierto la forma de operar de una organización criminal liderada por el entonces Presidente de la República Otto Pérez Molina y la Vicepresidenta Roxana Baldetti, dedicada a la defraudación aduanera mediante el tráfico de influencias.
Mediante la aplicación rigurosa de la ley, presentamos ante la justicia diversos casos de corrupción en la contratación y prestación de servicios públicos, en el sistema de salud, en el sistema aduanero y tributario, en el sistema político electoral, entre otros más, que involucran a políticos y demás personas particulares quienes, velando por sus intereses personales socavaron las oportunidades de desarrollo de miles de guatemaltecos y guatemaltecas.
De acuerdo con el análisis realizado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales -ICEFI-, sobre los casos de corrupción antes referidos, el costo social de ésta, tan sólo en al año 2015 se estimó en $538 millones de dólares, lo que representa: 2.6 millones de niños sin alimentación escolar ni útiles, 1.2 millones de niños menores de cinco años sin recibir micronutrientes, más de 1 millón de niños menores de un año dejados de vacunar y más de 300 mil mujeres sin atención calificada en el parto. Poniendo así en evidencia, la relación directa que existe entre corrupción, subdesarrollo y pobreza.
Como ciudadanos y ciudadanas del mundo, debemos estar conscientes de la necesidad e importancia de continuar luchando por fortalecer la justicia, en su doble concepción: como justicia social y en sentido estricto.
Debemos repensar la razón de ser y actuar del Estado, continuar esforzándonos por reducir la desigualdad, la pobreza y la pobreza extrema. Precisamente, este objetivo figura como número 1 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Nuestros Estados, en cuanto a la Justicia Social, deben asumir responsablemente la obligación de desarrollar e implementar políticas al servicio de sus habitantes, que garanticen verdaderamente el Desarrollo Humano Integral.
Se deben generar más y mejores fuentes de trabajo en condiciones que dignifiquen a la persona, haciendo desde luego un uso responsable del medio ambiente y de los recursos naturales, conscientes de los efectos del cambio climático, y por supuesto, respetando los compromisos derivados de los instrumentos internacionales, como los procesos de consulta comunitarios, contemplados en el Convenio 169 de la OIT.
Como ha mencionado el Santo Padre Francisco, haciendo alusión a la Constitución Gaudium et Spes: “El conjunto del proceso de la producción debe, pues, ajustarse a las necesidades de la persona y a la manera de vida de cada uno en particular”.
Pero también, desde el concepto de Justicia propiamente estricto, debemos continuar fortaleciendo las Instituciones encargadas de su impartición. La lucha contra la corrupción y la impunidad es impostergable. A través del imperio de la ley, se fortalecen los Estados de Derecho, fomentando la convivencia social en armonía.
Desde nuestros diferentes espacios, no podemos permitirnos ser únicamente espectadores, sino activamente como mensajeros de la paz, contribuir a la construcción de sociedades más humanas y justas.
Termino mi intervención citando el libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 9: “Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos”.
