Este papel presenta algunas reflexiones sobre el proceso colombiano de conflicto armado y construcción de paz. En él se retoman los aportes que desde hace 44 años se han desarrollado al interior del CINEP, donde se realiza un dialogo polifónico e interdisciplinario entre su equipo de trabajo que hoy supera el centenar de hombres y mujeres, reúne a más de tres generaciones y articula a jesuitas y laicos. El trabajo está dirigido a consolidar liderazgos y trazar caminos conjuntamente con las comunidades y organizaciones sociales en pro de la construcción de Paz y democracia del país.
PANORAMA DEL CONFLICTO ARMADO
Colombia es el único país de América del Sur que inició el siglo XXI con un panorama político marcado por la lucha armada.
Las guerrillas emergieron desde los años 40, con las denominadas guerrillas liberales que se opusieron a través de la resistencia armada a la violencia de la hegemonía conservadora. Finalmente en 1953 pactaron con el gobierno una amnistía, que incluía un indulto y un acuerdo para repartir tierras entre los desmovilizados. A continuación los poderes locales promovieron en los territorios donde hacían presencia las guerrillas liberales, la creación de grupos armados denominados “guerrillas de paz” quienes conjuntamente con la fuerza pública iniciaron un proceso de “pacificación” con los objetivos de debilitar la base social que apoyó a los insurgentes y finalmente aniquilar por la vía del asesinato y del exilio a los líderes amnistiados que comandaban las diversos focos territoriales. El desenlace trágico y el incumplimiento de este primer pacto entre el gobierno y los alzados en armas, marcaron con el signo de la desconfianza a los guerrilleros para negociar en el futuro los siguientes acuerdos de paz.
En los años 60, con un discurso propio de la ideología comunista y castrista se constituyeron en Colombia diversas organizaciones insurgentes; inicialmente, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC- de orientación pro-soviética, el Ejército de Liberación Nacional- ELN- cubanista, y el Ejército Popular de Liberación EPL, de cuño maoísta. Posteriormente en 1970 se originó el Movimiento 19 de abril -M19- de carácter político-militar, con una perspectiva patriótica, anti oligárquica, antiimperialista. De estos grupos devienen otros menores que en general fueron escisiones de los anteriores a excepción del Movimiento Armado Quintín Lame de base social fundamentalmente indígena.
La efervescencia de la lucha armada se nutrió de circunstancias de carácter estructural del país y de vigencias ideológicas internacionales: ausencia territorial del Estado, pobreza, exclusión, brechas del desarrollo entre el campo y la ciudad, desigualdad social y el monopolio del poder a partir de la reproducción continua de élites políticas regionales y nacionales que representaban claros intereses de dominio económico y cultural por parte de estas minorías privilegiadas. Esto obstaculizó la consolidación de un espacio para la participación ciudadana y de partidos políticos verdaderamente democráticos, que representaran también los intereses de los más pobres, la clase media y los intelectuales, entre otros. Se suma a esto, el triunfo de la Revolución Cubana que guío y desencadenó diversos procesos de lucha armada en Latinoamérica. También en estos años Colombia recibe la influencia y participa en el auge generalizado de la protesta estudiantil, las teorías revolucionarias y la proclamación de la paz mundial, con valores propios de la generación del 68, que promueven el anticapitalismo y antiimperialismo.
Las acciones guerrilleras durante las décadas de los 70 y 80 en general fueron focalizadas territorialmente, su crecimiento se dio prioritariamente en ámbitos rurales y sus principales apoyos los encontró en campesinos y colonos. Las FARC jugaron el papel de un para-estado o estado emergente en sus zonas de influencia. Una excepción a esta pauta fue el M19 que planteó afianzar su estructura en los centros urbanos e impulsó estrategias dirigidas a la inclusión de sectores populares y de clase media urbanos, nutriéndose principalmente de profesionales jóvenes y estudiantes universitarios, lo que le permitió a este grupo desarrollar acciones de un gran efectismo, que contaron siempre con respaldo emotivo del público en general.
Hasta finales de la década de los 80, se reconocen más de 8 organizaciones armadas revolucionarias. Sin embargo, las guerrillas fueron marginales y periféricas territorialmente y su impacto y base social muy local: los municipios que presentaban acciones armadas guerrilleras no superaban el 15% del total.
LAS PRIMERAS DESMOVILIZACIONES
Desde 1982, diversos gobiernos de Colombia participaron e impulsaron la negociación de acuerdos de paz, y programas especiales de desarrollo encaminados a la búsqueda de entendimientos con los guerrilleros para detener la proliferación de sus acciones armadas. El tema de la “negociación de paz” se tornó recurrente, tanto en las esferas políticas como en la opinión pública.
Como fruto del diálogo y la negociación con el gobierno, el M19 se desmovilizó en marzo de 1990. Se pactó su desarme y la incorporación de sus integrantes a la vida civil y política. De igual forma se delinearon las bases para realizar una Constituyente Nacional que fijará las coordenadas de un nuevo pacto ciudadano que permitiera la ampliación de la democracia. Este hecho reafirmó la tesis de que la oposición armada es ante todo un actor político y por lo tanto, la eventual normalización no se logra con su derrota militar, sino que es necesario lograr acuerdos que garanticen la participación política de sus integrantes y el tránsito a la conformación de partido político. Posteriormente, se firmó un acuerdo en mayo de 1990 con el Ejército Popular de Liberación (EPL), e inmediatamente después culminó otro acuerdo, en enero de 1991, con el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), De igual forma en marzo de 1991, se logró la desmovilización del Movimiento Armado Quintín Lame. Es de señalar que los procesos fueron largos y en conjunto, se realimentaron sucesivamente uno a otro. Esto lo reafirma el hecho de la conformación de La Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar donde se agruparon las guerrillas con el ideal de hacer una sola negociación de paz con los gobiernos de turno (1987 a 1991).
NARCOTRAFICO Y PARAMILITARISMO
El periodo de auge de negociación y desmovilización de estas guerrillas coincidió con una fase de fortalecimiento de las organizaciones del narcotráfico, que irrumpieron en la escena política nacional con la pretensión de capturar el poder político, ocupar los territorios que dejaban los grupos guerrilleros desmovilizados y ganar por la vía del enfrentamiento y la violencia los territorios que mantenían las FARC y el ELN (que no suscribieron acuerdos con los gobiernos). Sus bandas armadas se propusieron aniquilar los liderazgos populares en los ámbitos social y comunitario, y concentraron su acción asesina en los defensores de derechos humanos.
Desde los años 80 surgió con gran belicismo un segundo grupo de actores del conflicto: los paramilitares. Conectados con bandas de narcotraficantes, pero apoyados sobre todo por grupos de terratenientes y de políticos de extrema derecha, pasaron de ser organizaciones de auto defensa a escuadrones de ajusticiamiento y terror, de extorsión y genocidio. Inicialmente surgieron con un alcance y un accionar descentralizado, pero evolucionaron hacia una organización más amplia Las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia se constituyeron con un alcance nacional y proclamaron que sus fines eran los de contrarrestar y aniquilar los grupos guerrilleros. De hecho lograron amplios apoyos y por parte de diversos grupos de poder, especialmente de carácter regional, tales como narcotraficantes, empresarios, empresas multinacionales, latifundistas, entre otros. Establecieron de manera clara alianzas con sectores de las fuerzas militares e institucionales del Estado. Estos grupos magnificaron las dimensiones del conflicto armado usando prácticas devastadoras de guerra y muerte y ocuparon los territorios donde hacían presencia las guerrillas, generándose así, un conflicto de alta intensidad, en búsqueda de hegemonías locales y regionales. En el trasfondo su interés económico se centró en apoderarse del negocio del narcotráfico y detener la competencia que empezaban a tener las guerrillas en esta lucrativa actividad ilegal. Usaron la violencia más despiadada contra líderes sociales, intelectuales, académicos, periodistas y desataron una ola de magnicidios que fueron la expresión más aberrante y que causo el pánico y la indignación en toda la sociedad, la violencia dirigida a los más grandes líderes políticos de oposición al narcotráfico que expresaron abiertamente sus críticas al statu quo que permitió su empoderamiento. En menos de un año asesinaron a tres candidatos presidenciales de diversas corrientes políticas: Luis Carlos Galán (18 de agosto de 1989), Bernardo Jaramillo Osa (22 de marzo de 1990), y Carlos Pizarro (26 de abril de 1990)
En el 2003, después de un año de conversaciones con el gobierno más radical, liderado por el más significativo adalid de derecha que ha tenido Colombia en los últimos 50 años, se firmó con las autodefensas un acuerdo de desmovilización y reincorporación individual y colectiva, que les permitió su entrega gradual y evitar los procesos jurídicos normales por las atrocidades cometidas, especialmente contra la población civil. Este proceso se implementó durante un periodo de más de tres años, donde se desmovilizaron 31.671 combatientes paramilitares. “Sin embargo, después de 5 años de su culminación se ha podido evidenciar que en muchas de las regiones donde había presencia de este grupo armado se han reactivado estructuras armadas utilizando prácticas similares y manteniendo incluso la misma estructura militar, económica y política”.
LOS ANTECEDENTES Y FIRMA DEL ACUEDO DE PAZ CON LAS FARC, 2016.
En Colombia la persistencia del conflicto armado parece responder a una lucha constante y perenne por el poder y por la apropiación del territorio, donde el dominio sobre la tierra es su principal incentivo. En este sentido se superponen conflictos tradicionales, propios de los siglos XIX y anteriores de enfrentamientos entre latifundistas, campesinos y trabajadores rurales sin tierra, con disputas contemporáneas propias del Siglo XXI donde se involucran agentes propios de una economía globalizada, como los grandes carteles del narcotráfico y grandes empresas mineras, agroindustriales, forestales, de alcance internacional.
Estas prácticas mafiosas se imbricaron entre sí y se articularon a la sociedad civil, dando paso a la proliferación de distintas modalidades de micro-violencias, tanto urbana como rural, con conexiones cada vez más tenues con el aspecto político del conflicto armado. En la vida cotidiana se detonó el fenómeno de la corrupción y la ilegalidad, con impactos severos en los poderes políticos, judiciales y económicos; y así se afectó a todos los territorios, incluso aquellos que no participaron directamente en las dinámicas de guerra. Esto amplió la esfera social de la guerra y emergieron múltiples y diversos conflictos que deterioraron gravemente la convivencia, la solidaridad y el respeto por la vida. Estás dinámicas determinaron unas nuevas coordenadas de trabajo en pro de una cultura de paz y convivencia, participación social y política, lucha contra la pobreza e inclusión de los colombianos.
Desde 1999, el gobierno colombiano introdujo y desarrolló una estrategia de fortalecimiento de la fuerza militar, nucleada fundamentalmente alrededor del programa de cooperación denominado “Plan Colombia” suscrito con los Estados Unidos con el objetivo primordial de controlar y acabar la producción de coca y de cocaína. Una de sus principales líneas de acción fue la fumigación masiva con herbicidas muy potentes y destructivos, como el glifosato, y su aspersión aérea sobre las tierras sembradas con coca, y en menor medida, con amapola. Este plan recibió inicialmente la suma de 10 millones de dólares y la cooperación militar norteamericana se extendió a un período de 15 años. El fortalecimiento armamentístico y la mejoría en los dispositivos de inteligencia de los militares se extendieron entonces a la confrontación con los grupos armados insurgentes, especialmente con el más importante de ellos, las FARC, a las que se le propinaron golpes significativos en sus apoyos financieros y en sus estructuras de mando.
La reducción de la capacidad operativa de las FARC a partir de esta ofensiva es incuestionable. En 1.993 contaban con más 30.000 hombres y mujeres en sus filas, organizados en siete bloques territoriales y 60 frentes guerrilleros que cubrían casi todo el territorio nacional. En 2014 sus militantes en armas se habían reducido a una cifra entre 6.500 y 6.700. Se estima que entre el 2002 y el 2008 se desmovilizaron ante el Estado, de manera individual y voluntaria, 10.356 miembros. En 20017, en el contexto de las negociaciones recientes encaminadas a su desmovilización definitiva, las FARC registraron como sujetos de reincorporación a la vida civil a 11.384 guerrilleros y milicianos urbano; 6.300 inscritos en las zonas de desarme, donde 1.799 son mujeres y representan el 28%.
La magnitud muy considerable alcanzada por las FARC y el volumen de sus operaciones implicaba que este grupo debía incurrir en grandes gastos. Para ello, habían dispuesto que cada frente debía obtener una determinada suma que financiara sus propias acciones y, además, una cuota muy cuantiosa para el cuerpo general de la organización. Para tener una idea del volumen de estos recursos, señalemos que en 2008 se propusieron recaudar 230 millones de dólares. El dinero provenía básicamente de su participación en acciones del narcotráfico, expropiaciones, extorsiones y secuestro, lo que los fue conduciendo a unas prácticas delincuenciales y violatorias de los derechos humanos y de todo derecho ciudadano. Las víctimas de estas exacciones no solamente fueron grandes terratenientes o grandes empresas, sino una buena parte de los pobladores que compartían su territorio, por lo cual fue extendiéndose el rechazo de la población civil a esta organización. En el imaginario ciudadano la guerrilla legendaria, de inspiración campesina, que se inició con el carácter de autodefensas populares y que combatió por más de 50 años con una persistencia inusitada, había devenido en un actor nefasto, cuyas prácticas se confundían con las de sus opositores, violando los principios que la inspiraron.
El conflicto armado en Colombia ha afectado de manera severa una población de una magnitud enorme. Las cifras oficiales del Registro Único de Víctimas señalan que entre1985 y 2017, existían 8´074.272 víctimas directas. Esto es alrededor de la quinta parte de la población del país. De ellas, 7´134.646 son casos de desplazamiento; 983.033 son homicidios; 165.927 son desapariciones forzadas; 10.237 personas fueron víctimas de torturas y 34.814 fueron secuestradas, entre otros hechos . Desde 1985 el 81,5% de las víctimas corresponde a civiles no combatientes. Es decir, que más de ocho de cada diez muertos han sido civiles . Las agresiones armadas se concentraron en ciertos grupos: devastaron al movimiento sindical , y distintos actores armados, especialmente los paramilitares se concentraron en victimizar a los líderes sociales comunitarios y a los defensores de derechos humanos. Un número muy importante de niños, niñas y adolescentes fueron reclutados como combatientes y muchas mujeres sufrieron agresiones sexuales sistemáticas.
MAPA DE INCIDENCIA TERRITORIAL DE LAS FARC 2016
En estas condiciones, desde el 2011 se iniciaron nuevamente conversaciones formales entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, encaminadas a lograr un acuerdo de paz. Esto tuvo una fase inicial a puerta cerrada y a partir de 2012 el proceso se institucionalizó y se hizo público. Las negociaciones que duraron casi 4 años se realizaron en la ciudad de la Habana. El gobierno configuró un equipo negociador con integrantes con altas capacidades y gran reconocimiento que consiguió recibir un gran apoyo de la comunidad internacional, y de instituciones de la sociedad civil del país muy respetadas como la jerarquía de la Iglesia Católica, algunos de los cuales asumieron el papel de garantes. Las negociaciones finalizaron con un acuerdo muy bien formulado, según las partes, y se definió una arquitectura institucional para gestionarlos.
El Acuerdo contempla seis puntos principales: el fin de la guerra; la desmovilización; el desarme; la participación política de los guerrilleros, la aplicación de la justicia transicional, (a través de una corte de justicia especial denominada Justicia Especial para la Paz, JEP); la reparación de las víctimas; la reconstrucción objetiva de lo ocurrido en la guerra, para lo cual se conformó una Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición. Existen otros puntos adicionales que han adquirido mucha importancia en la discusión sobre este proceso como el compromiso del Estado de impulsar una reforma agraria integral, donde el tema nodal es la propiedad de la tierra, hoy monopolizada por grupos o familias de las elites locales; y la propuesta de promover programas que frenen el desarrollo del narcotráfico, donde las FARC se comprometen a contribuir de manera activa.
La discusión nacional sobre el Acuerdo de Paz fue inesperadamente polarizada y vehemente. Se consolidó un bloque de opositores que tuvieron gran audiencia, en buena parte apoyados por los medios de comunicación, cuya propiedad en Colombia es muy concentrada y ejerce de manera sistemática prácticas de manipulación de la opinión. Se consolidaron discursos como el de que el Acuerdo de Paz constituía una entrega del manejo del país a las FARC, y que significaba un premio a la violencia ejercida por esta organización guerrillera durante cincuenta años. Se difundió que las medidas de justicia transicional propuestas no eran otra cosa que impunidad y se minimizó la importancia de contradicciones tan graves que están en la raíz de este conflicto, como la falta de acceso a la tierra y la pobreza extrema de amplios sectores de la población en las áreas de acción de los insurgente, a los cuales se le identificaba como simples narcotraficante y delincuentes comunes.
El gobierno nacional propuso realizar un plebiscito para la ratificación ciudadana del Acuerdo de Paz. Esto en términos estrictamente jurídicos no era necesario, pero se pensó que un respaldo popular amplio aceleraría el desarrollo de los acuerdos. A posteriori se puede ver que se sobre-estimó el involucramiento real de amplios sectores de la población en las pavorosas experiencias de quienes sufrieron directamente los efectos de esta guerra, y se sub-estimó la capacidad de los grupos opositores organizados para distorsionar ante la opinión pública el sentido de lo acordado y su poder de movilización electoral a través de la poderosa maquinaria clientelar que ellos controlan. . Las FARC también aceptaron la realización de este plebiscito, convencidos de que gozaban de un gran apoyo popular y confiados en que las características del Acuerdo también tenía una amplia aceptación entre la población. Sin duda también sub-estimaron el resentimiento y el odio que generaron muchos de sus abusos y agresiones. A esto se sumó la desconfianza por parte de amplios sectores que habían tenido enfrentamientos de naturaleza económica y social con ese gobierno, con vastas movilizaciones y protestas populares, y que percibían que este no había cumplido las promesas y compromisos en que había empeñado su palabra: dudaban que fuera a respetar los pactos consignados en el Acuerdo de Paz. Si este gobierno durante seis años había incumplido pactos con diversos grupos sociales con reivindicaciones más bien puntuales, aduciendo limitaciones financieras, la magnitud de los recursos requeridos para desarrollar lo acordado en la Habana hacía dudar que el gobierno en realidad estuviera dispuesto a cumplir lo estipulado. ¿Con cuánto dinero y cuántas acciones de reparación y reconocimiento moral se reivindica a 8 millones de víctimas? ¿Será que el Acuerdo realmente logra la desconcentración de la tierra y una reforma integral que en más de un siglo ha sido el clamor de campesinos y pequeños propietarios? Para otros el dilema se centró en la permanencia de otros actores armados que ocuparían los espacios dejados por la desmovilización de las FARC, especialmente los paramilitares, que mantienen sus prácticas y estructuras en busca de monopolizar el negocio de las drogas y sojuzgar bajo la extorsión a pobladores urbanos y rurales.
En paralelo, las organizaciones civiles que apoyaron la firma del Acuerdo de Paz, trabajaron incansablemente por hacer una pedagogía ciudadana, de un Acuerdo muy extenso y dificultoso de explicar; pero no se contó ni con la capacidad operativa, ni con los recursos necesarios para lograr en corto tiempo un efecto amplio, popular, ciudadano y nacional; Se trabajó especialmente con las poblaciones que ya estaban convencidas, pero fue imposible ganar la adición masiva de nuevos sectores, bien fuera los jóvenes o aquellos que tradicionalmente se han inscrito en los grupos políticos tradicionales, donde predominan las prácticas culturales del clientelismo, de la identidad partidaria, del seguimiento a dirigentes mesiánicos que tomaron como banderas y esgrimían slogans de la necesidad de hacer justicia y aplicar la supremacía del Estado a partir de la entrega y rendición del as FARC, desde el enfoque de enemigos irreconciliables con los actores armados revolucionarios.
PLEBISCITO ACUERDO DE PAZ
Departamentos donde predominó NO
Departamentos donde predominó el SÍ
MOVIMIENTOS Y ACCIONES CIUDADANAS POR LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ.
Desde los años ochenta fueron multiplicándose en Colombia numerosas expresiones ciudadanas a favor de la paz, que centran su acción en el respeto a los derechos humanos y la superación de la pobreza. Estas movilizaciones ciudadanas, inicialmente, fueron en buena parte, la respuesta al genocidio político de la Unión Patriótica ; que cobro la vida en manos de los paramilitares de más de 1.500 líderes políticos, sociales, sindicalistas y maestros, durante los años 80 y 90; Este paso inicial de la protesta, también expresaba el rechazó a las practicas recurrentes de todos los actores armados contra la población civil, tales como el secuestro, el desplazamiento y reclutamiento forzado de menores de edad, el avasallamiento a los pueblos originarios y a las poblaciones campesinas y afrocolombianas. Paralelamente se fortaleció el trabajo por democratizar el contexto político regional y nacional. Varios hitos de este período son buenos ejemplos del proceso: la Constituyente de 1991 que nos rige actualmente y que consagró a Colombia como un Estado Social de Derecho, con claro carácter pluralista e incluyente y el Mandato por la Paz en 1997 en el que una votación de 10 millones de colombianos rechazó cualquier acto de violencia contra la población civil y votó por la negociación política del conflicto.
Desde 1993 en Colombia se inició la celebración de la “Semana por la paz” que nació en el seno del Programa por la Paz de la Compañía de Jesús, conjuntamente con el Secretariado de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Católica y con múltiples organizaciones sociales entre ellas REDEPAZ. El ideal es el mantener vivo en el seno de la sociedad colombiana la idea de solución política al conflicto armado interno e incentivar la construcción de paz por parte de la sociedad desde los municipios y regiones Esta semana se ha celebrado de manera continua por 25 años: su objetivo es sensibilizar especialmente a niños y jóvenes sobre la problemática nacional, por esta razón tiene un carácter pedagógico-lúdico y busca generar compromisos de no violencia desde las emociones y la historia.
Estas movilizaciones que parecían dispersas y coyunturales fueron consolidando una masa crítica a favor de la paz, que reunió a organizaciones sociales y comunitarias, a Organizaciones No Gubernamentales de desarrollo social, a miembros de diversas iglesias, a sectores democráticos y de la izquierda civilista que impulsaron procesos dirigidos a fortalecer y construir liderazgos locales y ganar la confianza y la legitimidad nacional suficiente para ser escuchados y acogidos nacionalmente.
En estas dinámicas ciudadanas se delimitaron algunos principios que vale la pena señalar. Las acciones en favor de una negociación política del conflicto armado son un paso decisivo a favor de la construcción de paz, pero no se pueden interpretar como el apoyo a ningún actor promotor de la violencia o de la guerra. De igual forma se es enfático en señalar que el Acuerdo de Paz implica el desarme, el fin de la contienda militar, hasta el fin de la guerra: estos son avances indudables y valiosos, pero no garantizan por sí mismos el logro de la Paz. La construcción de paz es una tarea entre los ciudadanos y el Estado, a mediano y largo plazo y significa avanzar en la ampliación de la democracia, la reparación de las víctimas, promover una cultura de convivencia, y acercar a las víctimas a procesos de reconciliación y que los responsables de la violación de los derechos inicien su inclusión social y política a partir de la verdad, la justicia y la reparación que debe conducir a pedir el perdón público a sus víctimas.
Los movimientos o grupos de trabajo por la construcción paz señalan que su estrategia y enfoque es territorial, así como ha sido el proceso de construcción del Estado, del desarrollo y de la guerra; su acción debe ser independiente a las lógicas y dinámicas de los actores armados y están basados en el sentido de identidad que se ha ido consolidando de acuerdo a la experiencia directa con la guerra.
En este contexto se reconocen varios tipos de acciones organizativas civiles por la paz:
1- Derechos Humanos, donde se sitúan las organizaciones de defensores que han dirigido sus esfuerzos para que legalmente se tomen medidas de protección y se tramite ante la justicia nacional e internacional los hechos más significativos del avasallamiento a civiles como producto de la confrontación armada. Se procura identificar, cando es el caso, la responsabilidad del Estado ante los vejámenes cometidos por la fuerza pública, y la responsabilidad institucional por la desprotección y ausencia de medidas de prevención. Así mismo tramitan los casos de impunidad de los actores armados frente a la violación de derechos contra ciudadanos. Existen varias redes de este tipo entre las que se destacan las siguientes: Plataforma Colombiana de Derecho Humanos, Democracia y Desarrollo (1993-2017) que nació como una iniciativa de ong´s Norte Sur, y su desenvolvimiento ha ido de la mano de organizaciones y organismos internacionales. Las organizaciones sociales del nivel nacional de campesinos indígenas, de periodistas, de sindicatos, entre otros, crearon y fortalecieron las que se denominaron comisiones nacionales de Derechos Humanos. Una línea de trabajo que tuvo un papel decisivo fue el de organizaciones de acompañamiento a la población desplazada que desarrolla acciones de ayuda de emergencia, ayuda humanitaria, reconstrucción de medios de vida, entre otras tareas. Este es el caso del Servicio Jesuita a Refugiados, SJR, la Iglesia y Caritas que fueron determinantes al promover un servicio directo y es sobresaliente su labor de acompañamiento a los primeros procesos organizativos de los grupos abatidos por la violencia.
2- Comunidades de Paz, de Resistencia y Resilenca. Desde 1997 en zonas de alto conflicto armado, donde las comunidades vivían en situación de desprotección total, activistas de derechos humanos y líderes de la iglesia católica les plantearon a los habitantes de la zona que, "para que no se desplazaran más campesinos ni perdieran sus tierras, ya que era una zona de guerra, se declararan comunidad de paz y reivindicaran los derechos de la población civil en medio de un conflicto armado”. Paulatinamente se multiplicaron estas organizaciones sociales en la región del Pacífico, especialmente en el Urabá Antioqueño y el Urabá Chocoano, llegando a 53 comunidades, que han sobrevivido con el acompañamiento de ong´s, de la cooperación internacional humanitaria, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Ellas se formalizaron bajo los principios de protección y resistencia, no violencia y neutralidad frente a los actores armados También se generaron comunidades en resistencia activa como es el caso de la Asamblea Municipal de Mogotes, donde 15.000 habitantes se organizaron para expresar su autonomía e impedir la entrada y abusos de los actores armados. Mogotes fue galardonada en 199 con el primer Premio Nacional de Paz.
3- Una amplia gama de organizaciones de víctimas que se articulan por municipio y por departamento. Superan las 500 organizaciones a nivel nacional. A pesar de haberse conformado atomizadamente, actúan en bloque para mantener un dialogo con las instancias institucionales creadas para la Atención y Reparación Integral a Victimas- UARIV. De igual forma se movilizaron y expresaron sus reflexiones en el proceso de discusión sobre el punto 5 del Acuerdo referido a las víctimas. Estas organizaciones se han ido reduciendo en la medida que reciben indemnizaciones administrativas que ha priorizado el gobierno, dejando de lado los componentes de verdad y justicia y, sobre todo, de reparación moral. Existe una tabla que determina la indemnización económica según la gravedad de los daños y afectaciones causados, con un máximo de 40 y un mínimo de 4 de salarios mínimos legales. Es de señalar que por homicidio o desaparición forzada se reconocen 40 salarios mínimos legales, lo que equivale a un mes de salario de un congresista colombiano, Es decir que la vida de las víctimas vale muy poco. De otra parte, al recibir la indemnización la víctima debe firmar un documento en el que reconoce que ya ha sido reparado y, por lo tanto, no puede seguir ningún tipo de litigio contra el Estado o actor armado. Según el Estado la condición de víctima es una condición transitoria, tema que suscita aún debates. La mayoría de las victimas aún no han recibido la reparación integral y ahora trabajan en los temas de verdad y reconciliación.
4- Movimientos de organizaciones étnicas con territorio colectivo, especialmente pueblos originarios y afrocolombianos, y movilizaciones campesinas. Estas organizaciones, particularmente las indígenas son muy estructuradas porque poseen un sólido sentido de pertenencia a sus comunidades. En el conflicto no solamente perdieron a los dirigentes y a miembros de sus comunidades, sino que enfrentan serios riesgos de extinción como pueblos, ligado esto, sobre todo, a los masivos desplazamientos a centros urbanos que padecieron. Con ello, además, veían perder las conquistas consignadas en la constitución del 91 tales como el derecho al territorio y a la autonomía cultural y la justicia propia. En esta lógica actuaron las organizaciones centralizadoras de los movimientos como son, entre otras: la Organización Nacional Indígena de Colombia y la Red de Consejos Comunitarios Afrocolombianos.
5- Movimiento de mujeres por la paz: las organizaciones de mujeres que proliferaron en los años 80 alrededor de programas feministas, fueron articulándose a la miríada de organizaciones sociales locales o regionales que reivindicaban y hacían visibles los vejámenes de la guerra frente a las mujeres, donde prevaleció el uso de la violencia física y la violencia sexual. Además estaban presentes los intereses de las mujeres que debían afrontar solas el desplazamiento o la permanencia, porque sus parejas habían sido asesinadas o habían tenido que marcharse de los territorios. Una decena de organizaciones nacionales trabajaron mancomunadamente para construir una agenda nacional del movimiento en el 2013. Entre las organizaciones sobresalen: La Organización Femenina Popular ; la Ruta Pacífica de las Mujeres; la Red Nacional de Mujeres; Iniciativa de Mujeres por la Paz; Confluencia Nacional de Redes de Mujeres; la Mesa nacional de Concertación de Mujeres; la Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado; el Movimiento Nacional de Mujeres Autoras y Actoras de Paz; Madres y Familiares de Miembros de la Fuerza Pública, Retenidos y Liberados por Grupos Guerrilleros y la Liga de Mujeres Desplazadas por la Violencia en Bolívar (Rojas, 2009, p.208). Los principales puntos de la agenda tienen un contenido de principios pacifistas y de no violencia Sus peticiones están referidos principalmente a: el esclarecimiento de la verdad; el reconocimiento de la violencia y abuso sexual como un crimen de guerra; la reparación integral y no solo la indemnización administrativa; la titulación de tierras y predios de las cuales fueron desplazadas; la atención psico-social a las víctimas y la paridad en la participación política. Es de anotar que actualmente reivindican también, los derechos de las mujeres que se han desmovilizado de los grupos armados y hacen énfasis en un NO a todas las violencias de género.
6- Organizaciones Programáticas de Desarrollo Regional para construir la paz en medio del conflicto. Desde 1995 surgió como estrategia de participación y desarrollo la puesta en marcha de experiencias específicas que demostraran en la práctica nuevas pautas de acción democrática frente a la inercia de las instituciones y políticas gubernamentales y las debilidades de la sociedad civil. Sobresale el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio que se constituyó en una respuesta de carácter propositiva e integral para y con la población en general, víctimas o no, de un territorio donde el conflicto armado magnificaba cada vez más la violencia. Su lema fue “Primero la Vida” y se organizaron en tres líneas estratégicas: Derechos Humanos, Diálogo y Construcción de Paz; Procesos Sociales, Culturales y de Gobernabilidad Democrática; y Procesos Productivos y Ambientales para la Equidad y el Desarrollo Sostenible. El programa promovió intervenciones de sensibilización, protección, prevención y negociación frente a la amenaza permanente de los actores armados. Ofreció alternativas de inclusión económica, y generó mecanismos de investigación para construir una lectura de su realidad y explicar la problemática regional. De igual forma desarrolló nuevas modalidades pedagógicas para incluir en la educación la cultura de paz y afianzar a los jóvenes en el territorio. Después de 28 años, son variadas las lecciones aprendidas de este proceso: hizo evidente que en el conflicto armado la ciudadanía no solo debe ser observadora o víctima de la guerra, sino por el contrario, tiene que convertirse en protagonista, y debe actuar y participar en las decisiones que pueden ser motor de paz y estabilidad a largo plazo.
El modelo de PPDPMM desarrolló una estructura interna que dio prioridad a la participación organizada de los pobladores, diferenciando las organizaciones de apoyo y acompañantes de las organizaciones sociales territoriales, quienes son los que toman las decisiones. Este programa ha sido pionero de otros 18 programas que tienen presencia hoy en diversos territorios y están articulados en la Red de Programas de Desarrollo y Paz, REDPRODEPAZ cuyo sentido está basado en la autonomía. “Construimos relaciones de confianza en marcos de equidad, justicia y democracia” es su consigna. Por tanto, subraya que la dignidad humana es un principio absoluto, más importante que la ganancia. Señala los modelos de desarrollo que se adoptan determina la paz que se vive. Por lo tanto recomiendan , la construcción de la paz desde lo local, partiendo del reconocimiento de las necesidades del contexto, siendo conscientes que éste es un propósito de largo plazo, que exige audacia, y que debe ir estrechamente entrelazado a las comunidades”
FUENTE: RED PRODEPAZ
7- Organizaciones y redes activistas políticos por la democracia, los acuerdos de paz y la construcción ciudadana del pos acuerdo y pos conflicto. Son promovidos y nucleados especialmente por los Centros de Investigación, observatorios, universidades, y ong´s que se han dedicado a investigar, analizar, explicar e interpretar los hechos políticos nacionales desde un enfoque de derechos y de proyección de incidencia estructural. Son centros de pensamiento y acción que generan lineamientos para proyectar las voces de los movimientos sociales, organizaciones comunitarias y sectores sociales que no encuentra quien canalice sus intereses y necesidades. Cada vez son más empoderados por el reconocimiento ético de sus propuestas, por la claridad en el manejo de la información y la sustentación de sus planteamientos que tienen ante todo un carácter propositivo de política a mediano y largo plazo.
Un reconocimiento de la participación propositiva en este proceso de negociación, firma y divulgación pedagógica de los 7 puntos que constituyen el Acuerdo de Paz, ha sido el dar un papel protagónico en la fase de seguimiento y verificación a instituciones de la sociedad civil con capacidades operativas y liderazgo democrático orientado a la construcción de Paz.
La confluencia de estos sectores organizados y movilizados tienen hoy significativos frutos, en el ámbito de lo público, entre ellos la consolidación de ser interlocutores civiles validos con el Estado, con los partidos o confluencias políticas y con los grupos armados. Estas movilizaciones pro democracia recientemente han apoyado el plebiscito anticorrupción en Colombia y ponen al orden del día la definición de nuevas agendas, que sin olvidar el problema del conflicto armado, avancen sobre el impacto que vive el país frente a la destrucción del
TENSIONES Y RETOS ACTUALES
El conflicto en Colombia se complejizó especialmente a partir de los nexos que desarrollaron todos los actores armados de distinta naturaleza con las economías ilegales del narcotráfico. Esto generó, entre otras cosas, un enorme escalamiento en el poderío armamentístico, nunca antes experimentado por las guerrillas latinoamericanas y un crecimiento inusitado en las filas de todos los actores, ya que estas organizaciones pudieron reclutar masivamente jóvenes que no lograban ubicarse en las economías formales. Esto permitió la reproducción y expansión de prácticas mafiosas y de guerra sucia, tales como el secuestro, la extorsión generalizada (las llamadas “vacunas”), el despojo masivo de tierras y bienes, las del sicariato, la tortura y la desaparición forzada.
Colombia sobrevive pero no ha logrado resolver el gran desafío del narcotráfico que lleva consigo una amalgama de violencias que se entrecruzan, que tienden a desdibujar las ideologías, y que se ha convertido en terreno fértil para la proliferación de nuevos conflictos armados, cuyos protagonistas ya no son los ejércitos, sino una serie de bandas, pandillas y “combos” tanto urbanos como rurales, que buscan el enriquecimiento rápido. Se trata pues de un fenómeno que ha logrado permear todos los niveles y sectores imponiendo la corrupción de la política y de la administración de justicia.
Después del resultado de las recientes elecciones el país se enfrenta a la disyuntiva de cumplir con lo establecido en el Acuerdo de paz y en la constitución de 1991 que propenden por la consolidación de un Estado Social de Derecho o mantener una “democracia formal”, que ha venido ordenando a su acomodo las estructuras que sostienen a los privilegiados en el poder, el poder de los más favorecidos económica, social y culturalmente.
Con respecto al Acuerdo de Paz surgen varios interrogantes referidos al cumplimiento y la voluntad política de este pacto nacional, tanto de parte del nuevo gobierno como de los dirigentes del ahora partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria- FARC, como un paso fundamental para la consolidación del pos-acuerdo, entendido como una primera fase del posconflicto cuyo objetivo será la construcción de la convivencia pacífica y reconciliación en el mediano y largo plazo.
Hoy día el país vive momentos de tensión debido a que algunos de los principales dirigentes de las FARC que encabezaron la delegación negociadora, no se posesionaron como senadores de la república de acuerdo con lo pactado y, por el contrario, aduciendo falta de garantías e incumplimiento por parte del Estado, han retornado a la clandestinidad, en un momento en el cual el nuevo gobierno ha venido argumentando la necesidad de revisar el Acuerdo Final, aduciendo, en particular, una supuesta debilidad heredada desde el gobierno anterior que no garantizó los recursos para su ambiciosa implementación. Esta situación también ha afectado el proceso de negociación iniciado con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que actualmente se encuentra en un estado crítico ante la imposibilidad de establecer un cese bilateral del fuego, y la suspensión de la delegación negociadora heredada del gobierno anterior.
El mayor desencanto para los colombianos que durante décadas trabajamos por un país sin guerras, se centra en la escalada de asesinatos contra los líderes sociales que impulsan procesos de permanencia en sus territorios, que continúan siendo zonas de disputa entre los grupos armados, por el interés de los recursos naturales que contienen, por su estratégica ubicación y por la expansión de las economías ilícitas de la minería y el narcotráfico. Las víctimas son especialmente dirigentes de las comunidades negras y de los resguardos indígenas. Un total de 385 líderes sociales fueron asesinados entre el 1 de enero del 2016 y el 14 de mayo del 2018, “Los homicidios y masacres se presentan en zonas en donde históricamente hacían presencia las FARC y han sido coptadas por grupos criminales y organizaciones sucesoras del paramilitarismo”.
Estos son los escenarios de un país que se reacomoda permanentemente, que mantiene unas dinámicas de construcción basadas también en la fortaleza de identidades e ideales que proporcionan en las situaciones más extremas, la capacidad y la fuerza para generar tejidos sociales y solidaridades para resistir. En este contexto surgen iniciativas de amplios movimientos sociales, tanto en las áreas rurales y urbanas populares, que visibilizan sus problemáticas, generalmente en contraposición a unos sectores de la sociedad, indolentes, excluyentes e ignorantes de las realidades territoriales de las regiones donde aún el Estado aún no hace presencia efectiva para solucionar los problemas básicos de las comunidades
Sin embargo, esto constituye la esperanza, es indiscutible el fortalecimiento de la infraestructura social en Colombia durante el largo período de las negociaciones políticas de los conflictos armados y hoy a pesar de que el conflicto armado no ha sido erradicado totalmente , la situación nacional ha cambiado, han disminuido todas las prácticas de guerra en la mayor parte de la nación.
Se puede afirmar que tenemos una tensa situación propia de una sociedad polarizada; amplios sectores, hoy de nuevo en el gobierno, propenden por una sociedad conservadora, de privilegios para las clases dominantes, de libre mercado y estratificación social, que se contrapone a sectores que se han manifestado con fuerza, que tienen presencia real y buscan una paz efectiva, una democratización del Estado, la reparación integral a las víctimas del conflicto armado, la redistribución de la propiedad de la tierra, el respeto a la vida, a los Derechos Humanos, a la diferencia, a la libertad de expresión y tejen pedagogías para encaminar al país hacía un nuevo periodo de construcción de paz y de la reconciliación.
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